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Investigan en Chile un posible centro de torturas clandestino

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 26 acciones judiciales en favor de 129 personas que han denunciado torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad de Chile en el marco de las protestas contra las políticas del presidente Sebastián Piñera. 

De acuerdo con los reportes recibidos por el organismo, la estación Baquedano del Metro habría servido como centro de detención y tortura.

Ante la denuncia, a las 00H05 de este miércoles, un equipo conformado por un fiscal, un subcomisario de la brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), junto con funcionarios del INDH, levantaron evidencias sobre posibles violaciones de los derechos humanos del ciudadano Nicolás Laur y otros detenidos en el centro de la capital.


Sobre este caso, el director del INDH, Sergio Micco, recordó que aún no se ha determinado si existió o no tortura en la Estación Baquedano del Metro.

Aseguró que la labor de determinar si hubo o no delito corresponde al Ministerio Público de Chile, mientras que la INDH evalúa acciones legales a seguir.

Otras denuncian apuntan a desnudamientos en comisarías y golpizas, entre ellas las del Supermercado "Acuenta" de Tobalaba, en la comuna de Peñalolén, donde un grupo de 50 personas fueron inmovilizados con lazos de plástico en sus manos y acostadas boca abajo en el suelo. 

El Sábado 19, las manifestaciones se extendieron  a todo el país y se tornaron mucho más intensas, incluyendo barricadas, saqueos e incendios, y para combatir a los manifestantes, el Gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, decretó Estado de Emergencia en las principales ciudades del país e instauró toque de queda en las principales urbes del país.

El Estado de Emergencia es la medida que facultó al Gobierno a desplegar al Ejército y a las Fuerzas Armadas en las calles, cuya presencia ha generado rechazo y resquemor entre los ciudadanos.

El Gobierno chileno ha informado oficialmente de la muerte de 18 personas, cinco de ellas con participación directa de las Fuerzas Armadas, cuatro con disparos y uno arrollado por un camión militar.

Tres militares han sido puestos a disposición de la Justicia por esos casos, y uno de ellos quedó en prisión preventiva.