Politica

Por qué es inconstitucional el DNU que congela el precio del combustible

 Por Eduardo S. Barcesat, Profesor Titular Consulto, Facultad de Derecho, UBA

 La crisis y emergencia que atraviesa la gestión del Gobierno Nacional, genuina expresión de su ineptitud en el manejo de la economía y del derrumbe institucional por el que atravesamos, ha puesto en estado de alerta a los gobernadores provinciales por el riesgo que las riquezas y recursos naturales existentes en los territorios de las respectivas provincias, queden a merced de la deuda pública y del desmanejo incurridos por el Gobierno del Presidente M. Macri.-

Es que, como hemos venido señalando, con desparejo resultado hasta aquí, pareciera que recién ahora los señores gobernadores toman conocimiento y conciencia que los recursos naturales, que son del dominio originario de las respectivas provincias (art- 124, C.N.), se encuentran afectados en garantía del repago de la deuda pública, externa e interna, generada por el Gobierno Nacional, a consecuencia de la artera maniobra, perpetrada por resoluciones ministeriales complementarias a los decretos de contratación de deuda, donde - por simple resolución ministerial, repetimos- se renuncia a la inmunidad soberana del Estado respecto de los bienes del art. 236 del Código Civil y Comercial de la Nación, que son, precisamente, el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio de la Nación Argentina, y las empresas de capital estatal, nacionales, provinciales o municipales.- 

Algunos gobiernos provinciales, alertados de esta espuria entrega de las riquezas y recursos naturales en garantía del repago de la deuda pública, han impulsado leyes provinciales que declaran que las riquezas y recursos naturales de su respectiva provincia, no serán puestos en garantía del pago de deudas contraídas por el Gobierno Nacional. Lamentablemente, no son todas las provincias. Ahora, frente a la inocultable crisis de la gestión macrista, toman conciencia del riesgo que se corre.- 

Desde luego, una resolución ministerial, que lleva la firma del "master" en finanzas, Luis Caputo, no puede sobrepasar el texto y la jerarquía normativa de una cláusula constitucional (arts. 31 y 75, inc. 22°, C. N.). De allí el acierto de los gobiernos provinciales que impulsaron las respectivas leyes provinciales protegiendo las riquezas y recursos de sus territorios.- 

A la razonable pregunta que pueden formular los acreedores financieros, sobre qué validez tienen estas leyes provinciales tuitivas de sus riquezas y recursos naturales, la respuesta valedera en el derecho reposa en dos estándares jurídicos universales, a saber: 

i) En el derecho no se escucha al que alega su propia torpeza 

ii) Ninguna acción reclamativa, entre sí, tienen quiénes concertaron actos nulos o ilícitos 

Finalmente, que debe recordarse -y hacerlos valer- a los artículos iniciales de ambos Pactos Internacionales de la ONU, de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que comprenden y son vinculantes para el conjunto de los estados comprendidos por la ONU, y que por la Reforma Constitucional del año 1994 tienen jerarquía de cláusulas constitucionales, las riquezas y recursos naturales son de titularidad de los pueblos...ningún pueblo puede ser prescindido de aquello que es esencial para su subsistencia.- 

De modo que, señores gobernadores provinciales, ya pueden obrar preservando tanto al art. 124 de la C.N. y las invocadas disposiciones de las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos, que eso es gobernar.- *Profesor Titular Consulto, Facultad de Derecho, UBA *Convencional Nacional Constituyente, año 1994