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Abogada de Campo Maripe dijo que la Rosada intervino en el último fallo

Tras la anulación de la absolución de los integrantes de la comunidad Lof Campo Maripe, por usurpación de tierras en Añelo, esta mañana los representantes mapuches realizaron la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.

Según la abogada Micaela Gomiz, el reciente fallo del Tribunal de Impugnación que revocó la absolución dictada en primera instancia "fue redactado entre casa de gobierno de Neuquén y en la Rosada en Buenos Aires".

Agregó que "en este caso el Tribunal de Impugnación recibió un mensaje -no podemos descontextualizar- desde el precoloquio de Idea, con un (Miguel) Pichetto pidiendo el envío de la Gendarmería para garantizar Vaca Muerta en la provincia, y con un gobierno que acaba de intentar reimpulsar el relevamiento territorial excluyendo a la comunidad Campo Maripe".

"Venimos a fijar una posición sobre el dictamen de la Cámara de Apelaciones, que nos parece lamentable. Tenemos enormes expectativas de que la Justicia ordene este gran desorden que es Vaca Muerta", dijo en diálogo con LU5 Jorge Nahuel, referente de la Confederación Mapuche.

Dijo que realizaron esta presentación ante el TSJ para que la Justicia "ordene lo que el poder político no está haciendo porque lo único que le interesa es darle garantías jurídicas a la industria y por hacerlo viola toda la normativa de derecho indígena".

Acompañado por referentes sindicales, Nahuel se mostró decepcionado por el último fallo que anuló la absolución de integrantes de la comunidad.

"Vaca Muerta es hoy un enorme botín económico y no hay contemplación a la realidad de los pueblos originarios, de los campesinos, de la gente de Añelo y de los trabajadores del petróleo, está ocurriendo de todo", aseguró Nahuel.

"Eso nos genera mucha alarma porque esto sale del contexto de un conflicto de la familia Adela y la comunidad mapuche. Se está queriendo garantizar a la industria la híper producción a cualquier precio", añadió.

El Tribunal de Impugnación consideró que se hizo una absurda valoración de la prueba. Según la descripción de los hechos de la fiscalía los miembros de la comunidad ingresaron el 12 de noviembre de 2014 al predio ubicado sobre Ruta Provincial 17, kilómetro 154, de la zona rural de la localidad, para invadir y turbar la posesión, y así despojar de las tierras a los denunciantes, la familia Vela, que interviene como querellante.

El juez de Garantías, Gustavo Ravizzoli, sostuvo que no eran culpables del delito por el que se los llevó a juicio ya que entendió que no se había acreditado el "dolo": la intención de producir un acto contrario a la ley. Ante esto los jueces Federico Sommer, Daniel Varessio y Héctor Rimaroafirmaron en su resolución que Ravizzoli hizo "valoraciones parcializadas" de la prueba.

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