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Declararon culpable al ginecólogo que negó un aborto no punible

El ginecólogo cipoleño, Leandro Rodríguez Lastra, fue declaro culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juez Álvaro Meynet dictó su veredicto por cómo procedió el doctor en la atención de una joven víctima de violación que llegó al hospital de Cipolletti el 2 de abril de 2017.

La condena puede ir de un mes a dos años de prisión más la inhabilitación por el doble tiempo que se resuelva. Hasta entonces, el médico podrá seguir trabajando en la guardia del hospital, como lo hizo hasta el momento. 

Para Meynet no hubo violencia obstétrica  contra la víctima, como afirmó el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna por interrumpir el proceso de aborto que había iniciado y por suministrarle medicamentos en contra su voluntad. El defensor, Damián Torres, negó esto  y aseguró que la joven presentaba un cuadro de infección, intentando resguardar la salud de la mujer. 

El juicio inició el 13 de mayo pasado y tuvo tres audiencias testimoniales y una de alegatos. El propio ginecólogo abrió y cerró el debate con sus palabras, mientras que la víctima declaró como testigo en la primera audiencia y a puertas cerradas.

Según los hechos, la joven ingresó el 2 de abril del 2017 al hospital cipoleño luego de haber consumido pastillas de Oxaprost con un proceso abortivo en curso. Días antes las profesionales del hospital de Fernández Oro habían solicitado la derivación a Cipolletti para interrumpir el embarazo, pero el ginecólogo exigió un informe psiquiátrico, un requisito no establecido en la ley, por lo que se interpretó como una negación a la asistencia sanitaria.

La joven consumió de manera particular pastillas de Oxaprost para provocarse un aborto, y debió ser atendida.

Permaneció dos meses y medio internada en Cipolletti a la espera de la interrupción que nunca llegó. Según expresó la legisladora Marta Milesi, quien impulsó la denuncia, la joven estuvo retenida contra su voluntad para que pueda dar a luz al bebé.

La joven fue sometida a una cesárea y el bebé dado en adopción de forma inmediata. Ella sufrió un daño irreparable en su psiquis que la llevó a cuadros graves de anorexia nerviosa e intentos de suicidio.

El Ministerio Público Fiscal estuvo presidido por Santiago Márquez Gauna y Anabela Camporesi, quienes afirmaron en su acusación que "el ginecólogo hizo todo lo posible para no hacer la ILE pese a que en ese entonces no era objetor de conciencia", por lo que lo definieron como un obstructor.

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